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Prensa

18/04/2009

Cuando la plata no alcanza

Millones de beneficiarios de los planes sociales sufren la inflación y no llegan a cubrir sus necesidades

Jabón en polvo o detergente... Champú o crema de enjuague. Esta clase de dilemas son los que se le presentan a María Elena (de 40 años), madre de 5 hijos, cada vez que va de compras. "Antes yo podía llenar la heladera. Ahora me tengo que conformar con que no falte la leche. Y voy viviendo el día a día", reconoce con resignación.

Cuando dice antes se refiere a los tiempos en los que su marido tenía un trabajo estable. Ahora, en cambio, el ingreso familiar se limita a los 315 pesos que recibe por ser beneficiaria del Plan Familias, más el dinero que su esposo cobra si realiza alguna changa. Así le tocó aprender diferentes estrategias para sacarle el máximo jugo posible a ese dinero. No sólo por lo exiguo del monto, sino porque, para empeorar las cosas, esos pesos cada vez rinden menos, aunque los cálculos oficiales de inflación indiquen lo contrario.

Lo cierto es que la realidad de María Elena, compartida, según dice, por todas sus amigas y vecinas, parece transcurrir en un universo paralelo al de las cifras oficiales. Y el desfase entre un mundo y otro no es menor.

Mediciones independientes estiman una diferencia cercana al 40% en términos de inflación acumulada en los últimos dos años con respecto a los datos que maneja el Gobierno. Esto, traducido en hechos concretos, significa, por ejemplo, una diferencia de dos millones de personas en situación de indigencia.

Pero si el mapa de la pobreza varía tanto según quien lo mire, ¿cuán efectivas están siendo las actuales políticas sociales?

"No reconocer la inflación significa una caída del valor de las prestaciones sociales que, en el caso de los más pobres, tiene mayor impacto, pues se dedica casi en su totalidad al consumo de alimentos", afirma, categórico, Eduardo Amadeo, presidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales.

Sabor a poco

Después del desastre de Tartagal, ocurrido a principios de febrero último, la Presidenta anunció mejoras en algunos planes sociales por un monto total cercano a los 2000 millones de pesos. Allí mencionó, por ejemplo, un incremento del 50% en el adicional por hijo que cobran los beneficiarios del Plan Familias. Suena a mucho, pero llevado a la realidad significará, en muchos casos, sólo un aumento de 15 pesos por cada hijo.

Detalles al margen, lo que fue mencionado como una mejora significativa para muchas familias es visto por Ernesto Kritz, economista especializado en políticas sociales y director de la consultora SEL, como una medida que simplemente ubicará el gasto efectivo para cubrir las necesidades de los más vulnerables en los niveles de 2006, aunque el contexto actual sea bien diferente.

"Hasta que el anuncio se haga efectivo, el gasto por persona en extrema pobreza, en términos reales, seguirá siendo inferior en un 28% a la cifra de 2006", asegura. Para eso se vale de los relevamientos de precios que su consultora realiza mes a mes y que, contrastados con los del Indec, dan diferencias preocupantes.

Entre 2006-2008 el gasto social aumentó un 30 por ciento. Pero mientras que para el organismo oficial en ese mismo período la canasta básica se encareció un 13% y el número de indigentes cayó un 49%, el relevamiento de SEL anota un aumento de la canasta básica del 57% y el crecimiento de la población indigente, un 14 por ciento.

"Antes, 100 pesos eran mucha plata. Ahora se te van como el agua?" La que habla es Fabiana, una mujer de 37 años que vive sin marido y con sus cinco hijos en la zona de La Cava, de San Isidro. Entre la retribución que recibe por su trabajo en Casa de Galilea, organización social de la zona, y los casi 300 pesos que recibe por el Plan Familias, no llega a los 600. "No queda otra: hay que privarse de algunas cosas y concentrarse en comprar las más necesarias", dice.

Edith Iraola, que trabaja en esa institución dedicada tanto al fortalecimiento familiar como al desarrollo humano de niños, adolescentes y adultos, reconoce que en los últimos años vuelve a multiplicarse la cantidad de personas que necesitan algún tipo de apoyo extra. "Por ejemplo tenemos más solicitudes para bolsas de alimentos", reconoce.

En el Barrio Las Tunas, de General Pacheco, la situación no es muy diferente. Compuesto por 25.000 personas, se calcula que alrededor de 7500 no tienen un trabajo estable. Un relevamiento realizado por el Centro para el Desarrollo Local entre las 89 familias más vulnerables del lugar -casi 500 personas- consigna, por ejemplo, que el 86% de los hogares es beneficiario de algún plan social, mientras que el 47% de las madres afirma tener, por lo menos, un hijo con bajo peso.

"Es de esperar que con esta crisis comiencen a multiplicarse los comedores -vaticina Patricio Grehan, director de Contenidos de esa institución-. Pero que la estrategia estatal se limite a eso es verdaderamente perverso, porque se trata de que las familias deleguen algo tan básico como la alimentación de sus hijos. Y esto tiene una carga simbólica fortísima", se lamenta.

Amadeo, de la Asociación Argentina de Políticas Sociales, destaca otros efectos de la crisis: "Las personas pobres y sus familias son las principales víctimas de las crisis económicas. Son los primeros en perder el trabajo y los últimos en recuperarlo. Pero, además, no tienen ahorros que los defiendan. Por eso, los hijos deben abandonar la educación y luego, en un alto porcentaje, no la recuperan".

El especialista está convencido de que nos encontramos ante una tergiversación de las cifras oficiales. "Se trata de una falta ética gravísima, porque oculta la realidad de la pobreza e impide avanzar en análisis que son esenciales para implementar y monitorear políticas sociales."

Mientras que Amadeo cree que lo que el Estado debe asegurar es una prestación monetaria básica ajustada por la inflación a las familias con hijos en edad escolar -y ajustar las que se otorgan actualmente-, Grehan propone ir más al fondo del asunto. "La mejor respuesta sería otorgar montos realistas que apunten, principalmente, a desarrollar la capacidad de las personas. Cualquier estrategia puramente asistencial termina por inhibir esa capacidad. Si a mi hijo de 10 años le sigo atando los cordones, le estoy diciendo que no puede hacerlo solo", describe en forma didáctica.

Y continúa: "Algo similar hacemos hoy, cuando hablamos de los pobres: lo que se está haciendo, en realidad, es poner un adjetivo calificativo como sujeto de la oración. Por ende, estamos eliminando a los sujetos, a las personas, que son mucho más que una carencia".

Sin cifras coherentes con la realidad, cualquier intento de planificación en materia social se parece bastante a la improvisación. El error, como suele suceder, lo pagan caro millones de personas. Son la cara humana de las estadísticas. Y a diario deben poner a prueba su ingenio para que la inflación no los deje sin futuro.

Por Lorena Oliva
De la Redacción de LA NACION

Link: http://www.lanacion.com.ar/1119067

 

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